Mejor Información. Mayor Emoción.
SUSCRÍBETE
2020 empezó como un sueño para el fútbol femenino español y se ha convertido en una pesadilla. La lucha social de las futbolistas de Primera Iberdrola por firmar el convenio veía por fin la luz al final del túnel a principios de año. Sin embargo, una denuncia de UGT al punto de las elecciones sindicales paralizaba la publicación en el BOE. Para más INRI, la calificación de la competición como no profesional y al amparo de la Real Federación Española de Fútbol llevaba a la cancelación de la misma por la situación generada con el Covid-19. A semanas de la caducidad del convenio -30 de junio de 2020-, todo lo conseguido hasta ahora es papel mojado.
El artículo 4 del convenio, su duración, fue una de las principales armas arrojadizas de la RFEF para evitar la firma. El motivo era sencillo: se pactaba una denuncia sindical para mejorar las condiciones del mismo de cara a la próxima temporada. A día de hoy, hay clubes que aún no han actualizado los términos de sus contratos –ese 75% de parcialidad que algunos han cifrado en un 66 sin explicar motivo-. Es más, al no estar publicado en el BOE, varios quedan exentos de aplicarlo, los que no forman parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. El artículo 5 incluye que el convenio se prorrogará si no existe denuncia en los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento. Pero existe. Y no está resuelta. El escenario que nos queda es volver a negociar.
Otro de los peligros a la hora de tumbar el marco legal que regula las condiciones económicas y laborales de nuestras jugadoras es la Lista de Compensación. Se siguen confundiendo términos en cuanto a esta lista y a los derechos de las jugadoras: si bien es cierto que -al no regular FIFA en materia de fútbol femenino y no existir lo fundamental para este asunto, un baremo en base a el potencial deportivo y económico de los clubes- muchos han hinchado las cifras muy por encima de lo justo y realista, no podemos obviar que los derechos de formación son una formalidad necesaria en el fútbol, el mecanismo de defensa de los clubes modestos ante el poder de los grandes. Necesitamos la lista de Compensación. De no existir, el expolio de canteras de los próximos años destruirá a los clubes más pequeños, a los filiales y a los que luchan por sobrevivir en otras categorías. Lo que necesitamos es que FIFA entre a regular estos términos, y, ¿por qué no entra? Porque nuestro fútbol no es profesional. No parece justo, además, culpar al convenio de la trifulca generada por la lista de compensación. El artículo 20 en el que viene recogida la existencia de esta lista remite a una Comisión Paritaria, en la que se tendría que haber tumbado el documento porque, además, venía fuera de plazo. El artículo 20 es necesario, lo mismo que lo es en el convenio que regula el fútbol profesional masculino, es el anexo lo que está fuera de la realidad en algunos casos, y es ese anexo al que hay que atacar.
Los derechos de formación no solo protegen a los clubes que los solicitan. Protegen a las jugadoras en varios aspectos que hasta ahora quedaban al descubierto: la obligación de aumentar su salario en un 7% de lo fijado así como la renovación obligatoria en caso de no recibir ninguna oferta y el cobro del 15% del monto fijado en caso de recibirla. Al término de su contrato, una jugadora de menos de 23 años que quedara libre podía quedarse sin equipo o pasar a uno de categoría inferior, como hemos visto durante años, si el club no apostaba por ella. Además, al presentarse a “coste 0”, tampoco llevaba una retribución por el movimiento si otro club decidía hacerse con sus servicios. Los derechos de formación no son una forma de enriquecer a clubes, sino de dotarlos de una compensación en caso de que pierdan a una jugadora a la que han formado y en la que han invertido medios materiales y personales, pero también de asegurarle a la jugadora un futuro. El problema, como decíamos, es la no existencia de una regulación en cuanto a qué cifra es considerada justa. Para ello, la RFEF, FIFA, o quien quiera tomar cartas en el asunto, debiera establecer un estudio económico de los clubes y sentar unas bases. Recordemos, además, que en caso de existir este punto, los clubes de mayor capacidad económica serían los que tendrían que abonar las cantidades. Presumiendo un baremo de tres escalones en nuestro fútbol, las jugadoras incluidas en la actual lista de compensación con mayor cifra podrían salir igualmente a coste cero a la mayoría de clubes de Primera Iberdrola y de hacerlo a uno de entidad igual, lo harían a un coste mucho menor, probablemente inferior a 60 mil euros. Queremos nuestro talento en España, está claro, y queremos proteger a clubes y a jugadoras. Lo que se pide es que la lista de compensación sea justa, no que no exista.
El convenio colectivo de fútbol femenino es el marco necesario sobre el que la RFEF sustenta las bases (a título propio y como si fuera logro suyo) para anunciar el cambio de estatutos que permiten denominar a la liga como “profesionalizada”. Un término que no existe legalmente, y que incluso reconocen en el mismo comunicado que no tiene efectos más allá del reglamento interno. La excusa es la mejora de las condiciones sociolaborales de las jugadoras, por volumen económico, existencia de contratos de trabajo e ingresos mínimos de clubes participantes. Simplemente reconocen lo que ya existe. Es más: el título de las Normas Reguladoras de la pasada temporada ya incluye el término “profesionalizadas”; “Normas Reguladoras de las competiciones de Fútbol Femenino Profesionalizado de Ámbito Estatal. Temporada 2019-2020”.
Además, la Circular 84 recién publicada no deja lugar a dudas: el Comité de Fútbol Femenino propuesto para esa profesionalización estará formado por los mismos miembros de la Subcomisión de Fútbol Femenino actual durante las dos primeras temporadas, y tendrán la potestad de elegirse entre ellos mismos para cada una de las comisiones. Además, queda patente en toda la circular que esta categorización no tiene ningún efecto más allá del fuero interno de la RFEF y que está sometida en todo momento a su poder y decisión.
Esta premura por inventar una nueva fórmula para el fútbol femenino que parezca lo que no es, se asume como la respuesta del Consejo Superior de Deportes, (que sale mencionado de forma engañosa en el mismo tras aprobar los estatutos, puesto que es su trabajo), a la propuesta de la ACFF para la profesionalización oficial de la competición. En esta propuesta se deja claro que no hace falta cambiar la Ley del Deporte de 1990 para que el CSD catalogue la liga como Profesional. El Artículo 8 de dicha Ley establece que es el organismo gubernamental quien tiene las competencias para calificar las competiciones profesionales. No el cambio de ningún estatuto de ninguna federación. Para ello, se establecen varios requisitos: la existencia de vínculos laborales entre clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición. De ser cumplidos, se crearía una nueva entidad, llamada en este caso Liga Profesional de Fútbol Femenino, que sería independiente y pasaría a organizar lo que hoy conocemos como Primera Iberdrola.
La ACFF defiende que Primera Iberdrola cumple estos requisitos. Los mínimos del convenio obligan a que se mueva una masa salarial de 5,6 millones de euros, aunque la realidad es que la partida de salarios es mucho mayor. En cuanto a la importancia, destacan que nuestra liga da acceso a competición europea, los clubes mueven más de cinco millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, que la afluencia de espectadores de campo ha sido de 393.617, en diez de los partidos de los últimos cuatro años ha habido más de veinte mil espectadores, o que se televisan más de cien partidos al año. Y he ahí el principal problema para que la RFEF no quiera la profesionalización de la Primera Iberdrola.
El CSD, a instancias de la RFEF, incluyó en el RD 15/2020 una disposición sobre los derechos televisivos, que modificaba el 5/2015 y supuso que será la RFEF quien comercialice, en adelante, los derechos televisivos del fútbol femenino. Los clubes quedarían obligados, por Ley, a acatar las decisiones que tome la RFEF sobre la comercialización de sus derechos televisivos. Esos derechos pertenecen a los clubes, como se ha demostrado en sentencia previa, pero deberán cederlos al organizador para una comercialización conjunta.
Actualmente, la ACFF tiene un acuerdo con Mediapro por el que recibe 3 millones de euros anuales, que vence en 2023. Esto ha convertido a la Primera Iberdrola en la tercera competición en valor audiovisual, superando a ASOBAL o la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por delante está la ACB, que obtiene 8 millones anuales. No parece tan lejos.
Si existiera voluntad política, Primera Iberdrola podría ser considerada profesional de forma inmediata, con una resolución del CSD que aceptara esta propuesta, no la de una categorización inexistente que la deja en manos de que se cumpla lo ya establecido: las mismas normas, el mismo convenio. Parece que el fútbol femenino ha quedado varado, a la espera de que se vuelva a poner en valor lo luchado durante años por las futbolistas para ver reconocida su profesionalidad. ¿Estamos ante el final del cuento de hadas?
La defensa del convenio colectivo es una obligación para todos los que amamos este deporte. Ha costado mucho que las demandas sociales y laborales de las jugadoras se escucharan, se entendieran y se firmaran. En ellas destacan varios puntos que no podemos obviar y que son un bien necesario para entender que nuestro deporte es profesional. Con los pros y los contras que esto conlleva.
El pasado mes de diciembre, tras la huelga que puso contra las cuerdas a la patronal, se nos prometió que 2020 sería el año del cambio. Varias de las jugadoras que forzaron aquel acuerdo con su incansable trabajo se apartaron esta temporada de los terrenos de juego con la conciencia tranquila por dejar un fútbol femenino mejor a la generación que venía detrás. A día de hoy, todo está igual o peor que en diciembre de 2019. Las guerras entre organismos, aunque no lleven la escenificación de Salamanca o de la concentración de la Selección, están más vivas que nunca. El momento de excepción ha servido para llevarse derechos otorgados por la justicia por la fuerza –derechos televisivos- o para retrasar una oficialidad de los de las jugadoras –BOE-. Todo se ha alineado para que despertemos del sueño.
En uno de los cuentos de hadas más famosos, cuando todo iba bien, cuando la niña que vivía feliz en el bosque con sus tres tías, conocía al amor de su vida y todo parecía sonreírle, se pinchaba con el huso de una rueca y caía dormida por un antiguo conjuro que provenía de la guerra que su padre había mantenido durante años con una bruja. Hadas y brujas. Mismo concepto, diferentes perspectivas. Buenos y malos, guerras pasadas, intereses políticos, económicos, de poder. ¿Quién los sufría? La niña que se quedó dormida y vio interrumpida su vida cuando más feliz era y el futuro que le esperaba era prometedor. En nuestro cuento la única que puede romper el hechizo y devolver todo a la mejor normalidad tiene nombre y apellido: Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, que con otorgar a la Primera Iberdrola la categoría de Profesional devolvería el protagonismo a las jugadoras.
